Las nuevas celdas de basura inauguradas en el vertedero de Milà (Mahón) hace dos años, tras una inversión de 2,6 millones de euros públicos, «tienen defectos de construcción, porque abarataron costes» al ejecutar la obra.

El jefe del servicio de Residuos de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern, Miquel Colom, ha confirmado de este modo las informaciones publicadas por EL MUNDO/El Día de Baleares desde el pasado mes de enero.

La inspección realizada en la celda de emergencias E, que entró en servicio la semana pasada, desveló numerosos defectos en la soldadura de las láminas de la capa impermeable que recubre el basurero. Tan solo dos meses después de que se inauguraran las nuevas instalaciones, en septiembre de 2013, aparecieron las primeras filtraciones contaminantes que finalmente obligaron al Govern a clausurar el basurero.

Del mismo modo, y siempre según la citada fuente, la empresa constructora sustituyó el sistema de recogida de pluviales previsto en el proyecto por otro más económico, que se ha mostrado ineficaz. También este cambio podría haber sido determinante para que las instalaciones se hayan visto desbordadas por el flujo de lixiviados contaminantes, que se filtran en el subsuelo cada vez que se producen lluvias intensas.

Tal como ha informado este diario, el entonces conseller menorquín de Medio Ambiente, Fernando Villalonga, adjudicó las obras de ampliación del vertedero de Milà a un constructor, Antonio Gomila, que pocos años antes le había comprado su finca familiar Son Rubí (Es Mercadal) por 1,3 millones de euros. También formó parte de la mesa de contratación el jefe de los Servicios Técnicos del Consell, Francesc García Arbós, cuyo hijo trabaja para el mismo constructor.

Tan solo reparar la celda E ha costado ahora 430.000 euros. En un principio, y pese a que la obra se encontraba en garantía, el conseller Villalonga renunció a exigir al constructor que se hiciera cargo de la reparación, alegando que la responsabilidad de los problemas detectados correspondía exclusivamente a los autores del proyecto.

Sin embargo, después de que las inspecciones realizadas confirmaran la presencia de graves defectos en la ejecución de la obra, el Consell obligó al constructor a asumir el coste de la reparación de esta celda.

En cambio, por el momento ha quedado eximido de pagar la reparación del resto de instalaciones inauguradas en 2013 -el basurero Milà III y la balsa de lixiviados-, que también presentan los mismos problemas de filtraciones contaminantes.

La reparación de esta parte de la obra se ha presupuestado en 630.000 euros que, en principio, correrán a cargo del nuevo concesionario del vertedero: previsiblemente, la UTE encabezada por el grupo Cespa, que ha obtenido la mejor puntuación en el concurso convocado para gestionar Milà durante los próximos 25 años por cerca de 80 millones de euros.

No obstante, el Consell mantiene abierto un expediente para determinar quién debe asumir la responsabilidad civil por los problemas estructurales registrados en la ampliación del vertedero, por un importe de 2 millones de euros. El instructor está investigando la posible responsabilidad de la citada constructora (Antonio Gomila SA), la firma que redactó el proyecto (Terratest), el director de la obra, el actual gestor de la planta (Juan Mora) y la propia Administración (en este caso, el Consorcio de Residuos de Menorca).

Aunque confirmó los defectos de construcción detectados, el jefe de Residuos del Consell, Miquel Colom, consideró que el cambio de material impermeable realizado durante la obra no ha sido «decisivo» en los problemas de contaminación. Según el proyecto, debía utilizarse una barrera mineral denominada Trisoplast pero, también en este caso, el constructor la sustituyó por un material más económica. Un cambio que fue autorizado por la Comisión Balear de Medio Ambiente. Miquel Colom también constató que la nueva depuradora química instalada en Milà tampoco ha dado el resultado esperado, probablemente debido a un mantenimiento inadecuado.